La Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México (SCT) confirmó por medio de un comunicado oficial que dejará pendiente la compra del Boeing 787-9 Dreamliner como avión presidencial, hasta que no se conozca el dictamen y corrección del fabricante sobre las fallas que han dejado en tierra a cerca de medio centenar de aeronaves de ese modelo en todo el mundo, desde la primera quincena de enero.
Una alerta de fuego en un vuelo doméstico y sin pasajeros de una aerolínea japonesa que opera el equipo, aparentemente a causa de las baterías de litio que encienden la Unidad de Energía Auxiliar (APU, en inglés), la que provee de poder a las aeronaves en tierra cuando las turbinas se encuentran apagadas, habría sido la causa de la investigación que detuvo los vuelos del nuevo consentido de la familia Boeing, reza la comunicación citada por la agencia EFE.
"La prioridad del Gobierno mexicano es adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del titular del Ejecutivo", precisó la SCT.
La Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos decidió esta semana (segunda semana de enero) suspender todos los vuelos de los modelos Boeing 787 hasta que se demuestre que son seguros, luego de diversas averías registradas en esas aeronaves.
El ministerio mexicano explicó que en estos momentos la investigación se encuentra en "la etapa técnico científica de peritajes".
La SCT indicó que esperará "el dictamen que en su oportunidad emita esta empresa (Boeing) y su correspondiente validación, por parte de la autoridad aeronáutica" estadounidense, origen del fabricante, "de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Chicago, que fija las reglas y normas de operación de la aviación civil en el mundo".
En caso necesario, "el Gobierno mexicano acudirá a la opinión de los mejores expertos internacionales para garantizar la aeronavegabilidad sin riesgos de estos equipos", añadió.
El año pasado, las autoridades mexicanas decidieron que se usará una aeronave Boeing 787 para sustituir al actual avión presidencial TP-01 "Benito Juárez", que cumplió 24 años de servicio desde que fue adquirido en 1988.
Boeing y la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) fijaron en contrato en noviembre del año anterior, el precio del nuevo avión presidencial por 139 millones de dólares.
Según medios locales, las autoridades mexicanas habían ratificado su interés en concretar la operación, aunque esta declaración de la SCT lo pone en duda.
La SCT aclaró también que por ahora "ninguna de estas aeronaves vuela actualmente en el espacio aéreo nacional", y afirmó que los primeros aviones de estas características, adquiridos por una empresa mexicana, serán entregados a partir del segundo semestre de este año.
Aeroméxico, la línea de bandera de México, ratificó su decisión de incorporar 19 equipos Boeing 787 Dreamliner a su flota, al manifestar que "tiene absoluta confianza" en ese fabricante y en todos sus productos.
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